por Eduardo Gudynas (desde Mar del Plata) – Sorpresivamente se anunció que en el marco de la Cumbre de las Américas, Uruguay firmará un acuerdo de inversiones con Estados Unidos. Una medida de impacto comercial modesto, pero de altos efectos simbólicos al involucrar a Washington con uno de los socios plenos del Mercosur. Si bien esto podría debilitar a un bloque que ya enfrenta muchos problemas, en las últimas semanas se ha insistido en que el anunciado ingreso de Venezuela como socio pleno, permitiría ganar fortaleza. Pero un examen más atento de la estructura de los acuerdos del Mercosur indica que una pertenencia real de Venezuela todavía requiere dar unos cuantos pasos más.
En el primer caso, recordemos que el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones fue promovido por el anterior gobierno uruguayo de Jorge Batlle, y logró una buena recepción desde Washington, firmándose en octubre de 2004. Desde entonces, el texto se encontraba aguardando la aprobación en el Parlamento uruguayo, pero bajo el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez. El acuerdo despertó una polémica en el país, y además generó resquemores entre algunos actores de los demás miembros del Mercosur, donde se temía por sus implicancias en el marco de los acuerdos vigentes del bloque y por sobre todo por la señal política que se estaría dando.
El actual gobierno de Tabaré Vázquez se convirtió en un promotor del tratado. Para enfrentar la polémica externa, el gobierno realizó algunas consultas y ofreció explicaciones en el Mercosur. La suma de problemas en ese bloque permitió que la polémica se desvaneciera con el paso de las semanas. Ante los cuestionamientos internos, el propio Vázquez presentó la idea de modificar o cambiar algunas secciones del acuerdo. En un giro que apuntaba a la opinión pública nacional se apeló a la imagen de “objeciones” del nuevo gobierno al convenio, o bien “modificaciones” que podrían resultar en un nuevo acuerdo.
Pero en realidad los cambios pretendidos por Uruguay no apuntan a la médula del convenio. Los cambios logrados apenas se refieren a tres aspectos: así como Estados Unidos puede trabar inversiones realizadas en Uruguay pero cuyo origen está en países calificados como “enemigos”, lo mismo puede hacer el país del sur; el convenio de inversiones se mantendría independiente del Mercosur y no generaría obligaciones dentro del bloque, dejándose de aplicar la cláusula de nación más favorecida; y finalmente, para el caso de comisiones de arbitrajes por disputas, el tercer integrante será designado directamente por los árbitros que representan a cada uno de los países. Está claro que estos cambios no hacen a la esencia del tratado, y si bien la relevancia económica de Uruguay en el flujo de capitales es limitada, esas modificaciones no alteran el significado del convenio en el marco de la política comercial regional.
Dentro de Uruguay no existe un consenso sobre el camino a seguir entre varios de los partidos de izquierda que integran la coalición de gobierno. Bajo el gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez, el acuerdo es defendido no sólo por el propio presidente sino por su ministro de economía, Danilo Astori, y por algunos grupos integrantes de la coalición. Bajo estas condiciones, el acuerdo será firmado en Mar del Plata por el ministro de relaciones exteriores de Uruguay, R. Gargano y por T. Shannon, secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para América Latina.
En el marco del Mercosur, la firma del convenio es un problema más que se suma a una larga lista, donde todos los miembros ya parecen decididos a buscar ventajas comerciales por fuera de la región. Más allá de esto, tampoco parece de buen gusto haber elegido la Cumbre de las Américas como sitio para firmarlo; es un espacio más que se brinda para que el actual gobierno Bush pueda presentar un éxito – pequeño tal vez, pero un avance más en su agenda y en pleno corazón del Mercosur.
Para complicar un poco más la situación del Mercosur, si bien se anunció que Venezuela será confirmada como “socio pleno” en la cumbre del bloque prevista para diciembre de 2005, todavía se deben dar muchos pasos en los acuerdos comerciales. Caracas había solicitado desde hace un buen tiempo el ingreso al Mercosur, pero las negociaciones se aceleraron en los últimos meses, y pocas semanas atrás el gobierno de Uruguay (a cargo de la presidencia semestral del bloque) anunció el ingreso formal de aquel país.
Sin embargo la membresía plena no será sencilla. Existen varios ajustes en la normativa comercial que son necesarios, incluyendo cambios en los aranceles de Venezuela (que en algunos casos implica elevarlos hasta alcanzar el nivel del Mercosur), o bien que el bloque otorgue una serie de excepciones especiales a ese país. Además, en el Mercosur existen acuerdos sobre otros aspectos, como normas de origen, control del tránsito de personas, etc., y que en varios casos requerirán aprobaciones en el legislativo venezolano. Por lo tanto un ingreso real de Venezuela como miembro formal todavía requerirá de varias medidas, y muchas de ellas tomarán un buen tiempo. Eso explica el escepticismo de varios analistas, quienes consideran todos estos anuncios muy prematuros.
Si de todas maneras se insiste en presentar Venezuela como un miembro formal es cierto que se podría invocar un aumento en el número de socios, se ganaría más peso político, y mucha publicidad se podrá hacer con ello. Pero en realidad no se estarían cumpliendo, una vez más, las normas del propio Mercosur, y eso debilitaría todavía más la estructura del bloque. Más allá de la publicidad, otra vez las normas y exigencias no se tomarían en serio, aplicándolas de manera despareja, incompleta o inefectiva.
E. Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad – América Latina).