La ausencia de una política común frente a los inversores

por Eduardo Gudynas (desde Sao Paulo) – Se presentó en la conferencia de la UNCTAD una nueva edición de la “Guía mundial de inversiones”, en este caso dedicada a América Latina y el Caribe. El análisis de la UNCTAD reitera las malas noticias que ya se conocían: una caída de la inversión extranjera directa (IED), la que ha afectado a casi la mitad de los países de la región.Según UNCTAD, la IED en el 2003 alcanzó los 49 mil millones de dólares, lo que representa una reducción del 4 % con respecto al año anterior (51 mil millones de dólares). Las caídas se vienen produciendo desde 1999, cuando se alcanzó el pico de inversión con 109 mil millones de dólares. La participación de la región en los flujos a los países de desarrollo pasó de casi la mitad en 1999, al 29 % (en 2003). Esencialmente la misma información ya había sido presentada en los últimos meses desde varias otras instituciones, y los datos de UNCTAD confirman la tendencia.

Brasil y México comparten las mayores caídas, aunque siguen recibiendo los mayores volúmenes entre las economías emergentes. La UNCTAD indica que Brasil recibió 10 mil millones de dólares en IED en 2003 frente a los 16,5 miles de millones en el 2002. Se observó una caída del 70 % entre el 2000 y 2003.

Brasil claramente aprovecha el encuentro de UNCTAD para promocionarse y atraer más inversores. En la exposición comercial e industrial que se desarrolla en paralelo a la conferencia de la UNCTAD, el presidente Lula da Silva inauguró el “Espacio Brasil” donde cada uno de los ministerios “presentarán a los inversores los proyectos relativos a sus secretarías”. Esa iniciativa tiene un aspecto positivo dado por el esfuerzo en identificar proyectos de interés y buscar financiadores, mientras otras naciones parecen paralizadas. Pero por otro lado aparecen síntomas preocupantes propios de la política económica ortodoxa que se vive en Brasil (entre ellos la apelación reiterada a las asociaciones público-privadas bajo los mismos conceptos que propone el FMI).

En ese sentido, un documento del ministro de desarrollo y comercio, Luiz Fernando Furlan, informa las intenciones de inversiones previstas en Brasil en 2004, donde el primer lugar lo ocupa el sector minero (34,5 % de participación, con poco más de 11 mil millones de dólares). Poco más del la mitad de las inversiones esperadas corresponden a sectores extractivos vinculados a los recursos naturales y de alto impacto ambiental (incluyendo minería, acero y petroquímica). Estos hechos demuestran que incluso Brasil, con un parque industrial mucho más amplio que sus vecinos, está repitiendo el camino de otros países de la región donde la IED apunta a los sectores extractivos y primarios.

En muchos otros países la situación es todavía peor. Por ejemplo, la UNCTAD indica que Chile recibió en 2002 un total de 3 322 millones de dólares en IED, de los cuales un 58 % se centró en el sector minero.

Frente a esta caída de las inversiones, sumada a una situación de estancamiento o crisis, los gobiernos multiplican sus esfuerzos por atraer inversores. Ese propósito termina convirtiéndose en una loca carrera donde los ministros están dispuestos a desprenderse de normas ambientales o sociales, otorgan exoneraciones fiscales, ceden en concesión terrenos públicos, ofrecen energía e infraestructura, y otros artilugios con tal de hacerse más atractivos frente a los ojos extranjeros.

Desde el otro lado, las empresas transnacionales se encuentran en un mundo casi ideal donde las naciones compiten entre ellas para atraerlas. Incluso aquel país que intentara introducir nuevas regulaciones sobre las inversiones podría ser perseguido en el marco de los tratados de libre comercio, o simplemente es ignorado por las empresas transnacionales ya que siempre existe un gobierno vecino dispuesto a ceder un poco más con tal de atraer un jugoso proyecto.

Bajo este escenario queda en evidencia un punto sobre el que no habla ninguno de los gobiernos presentes en la conferencia de la UNCTAD: la incorporación de nuevas reglas de inversión tanto nacionales como en los procesos de integración regional en América Latina. Se debe contar con nuevos mecanismos que incluyan a varios países para evitar la competencia “hacia abajo”. Esto implica una “política común en inversiones”, por ejemplo en el MERCOSUR o la Comunidad Andina. Ese acuerdo regional no debe ir en el sentido de profundizar la apertura, sino que debe fortalecer las condiciones sociales y económicas sobre los flujos de capital de manera que efectivamente sirvan al desarrollo.

E. Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad).