Libre comercio y minería: un caso salvadoreño que debemos observar

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por Eduardo Gudynas – Al tiempo que las discusiones sobre tratados de libre comercio siguen vigentes en América del Sur, es importante observar el caso de una empresa minera canadiense que aprovecha ese tipo de acuerdos para imponer su voluntad sobre un país. La meta es explotar oro, la compañía es Pacific Rim, y el país afectado es El Salvador.

La primera particularidad en esta situación es que el gobierno salvadoreño, tanto el anterior, como el actual, negaron el permiso de explotación a esa empresa. Mauricio Funes, el actual presidente, progresista, también decidió negar los permisos.

Funes aceptó las recomendaciones de un informe de impacto ambiental independiente, y los reclamos de muchas organizaciones ciudadanas, en especial aquellas que coordinan en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. La decisión fue negar la habilitación del emprendimiento minero (el reporte ambiental está disponible aquí…).

Enseguida aparece el segundo aspecto relevante: la empresa Pacific Rim decidió impugnar la decisión de El Salvador en el marco del tratado de libre comercio Estados Unidos – Centro América (conocido como CAFTA por sus siglas en inglés). El Salvador es miembro de ese tratado, junto a otras naciones centroamericanas y la República Dominicana. La minera  apeló a las cláusulas de protección de la inversión extranjera en ese tratado, y a mediados de 2009, reclamó la constitución de un panel de arbitraje en el marco del Banco Mundial, y que se le conceda el permiso de explotación del oro, o que en caso contrario, se le pague una indeminzación por la pérdida de su futuras ganancias. La suma total en juego es de unos 77 millones de dólares.

Se llega así a un tercer aspecto impactante en este caso: Pacific Rim es una compañía canadiense, y como Canadá no es integrante del CAFTA, resultaba imposible iniciar aquel reclamo. Pero nada escapa a la sagacidad de empresarios y abogados corporativos: la demanda se hará desde una subsidiaria que tienen en Estados Unidos (Pac Rim Cayman LLC), un país que sí es miembro del CAFTA.

Este tipo de demandas son largas, y extremadamente costosas. Pueden ser llevadas adelante por una gran corporación, pero representan una carga financiera muy importante para un pequeño país como El Salvador. Y entretanto, las protestas ciudadanas se siguen sumando, y con ello se genera inestabilidad. En el centro de las discusiones ambientales están los peligros de contaminación del suelo y del agua, y en especial la posible afectación del Río Lempa, el más grande del país, y sobre el cual se encuentran las mineras. Entretanto la indiganción ciudadana sigue en aumento por las amenzas, represión y violencia sobre muchos líderes locales. Para dejar en claro la gravedad del asunto, en diciembre de 2009, fueron asesinados dos de los principales líderes ciudadanos de la protesta contra estas minas (sobre los asesinatos – informe; y sobre todo el caso, se puede consultar por ejemplo, el reporte de Foreign Policy in Focus, aquí…).

Este caso refleja muchas de las implicaciones de un tratado de libre comercio (TLC), y las estrategias que pueden seguir las empresas, sus implicancias políticas y económicas, y el clima de violencia que se genera alrededor del extractivismo (y que se repite en otras naciones). El alto precio de minerales como el oro alimenta constantemente, sin pausa, este tipo de presiones y conflictos.

Está claro que frente a ese contexto, una vez más quedan en claro las limitaciones y los problemas encerrados en los TLCs. Muchos países sudamericanos deberían hacer un seguimiento de esta situación y aprender del caso salvadoreño. Por ejemplo, en países como Perú, que ya han firmado varios TLCs, será necesario mejorar y clarificar los reglamentos ambientales, los procesos de toma de decisión ambiental, y fortalecer su recientemente creado Ministerio del Ambiente.

En países que no han firmado muchos acuerdos de ese tipo, también es imperioso aprender de estas lecciones. Por ejemplo, esto es necesario en Ecuador, ya que el gobierno de Rafael Correa ha dado algunas señales de retomar las negociaciones con la Comunidad Andina por un TLC con la Unión Europea; así lo dice, por ejemplo, la agencia Bloomberg (aquí…), y las implicancias son advertidas por Hugo Jácome desde Quito (aquí…) . Además, en este país se acaba de aprobar un nuevo marco legal para la minería. Frente a ese contexto, no escapa a nadie que en Europa también hay muchas corporaciones que están interesadas en implantarse en América del Sur.

Por todos estos tipos de razones, los TLCs nos siguen acechando. Y lo hacen pensando en sectores como minería, hidrocarburos y agroalimentos .

E. Gudynas es analista de información en CLAES D3E. Publicado en Política y Economía, febrero 2010, aquí …