por Eduardo Gudynas – La marcha actual del Mercosur muestra avances y limitaciones, sin haberse convertido en una herramienta hacia un nuevo desarrollo sustentable. Pero su potencialidad política hace que valga la pena el esfuerzo de fortalecerlo y reconstruirlo. Resumen de la ponencia presentada en la Mesa Redonda sobre los 10 años del Mercosur, y publicada en el periódico La República (2001).
Diez años atrás, un 26 de marzo de 1991, cuatro hombres, todos presidentes, reunidos en Asunción, firmaron el tratado que dio origen al Mercado Común del Sur. Luis A. Lacalle, representó a nuestro país en la puesta en marcha de un ambicioso programa de integración regional vinculándonos con Argentina, Brasil y Paraguay.
Desde ese entonces muchas cosas han ocurrido en el Mercosur, y ha llegado el momento de realizar un balance, bajo una perspectiva ciudadana, y enfocando los temas ambientales en el contexto de las estrategias de desarrollo. Como punto de partida, se deben reconocer diversos aspectos positivos. El primero es que el acuerdo permanece luego de una década; no es un tema menor ya que muchas de las iniciativas integracionistas Latinoamericanas ofrecían ambiciosas metas que luego no se concretaban. Tanto la vieja ALALC, como su sucesora la ALADI, así como varios acuerdos regionales (en especial el Mercado Común de América Central), ofrecieron resultados modestos.
También debemos recordar que en 1991 estaba en plena discusión el acuerdo de libre comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, México y Canadá. En esas circunstancias no hubiera llamado la atención que los países del Cono Sur hubieran acordado apenas un «área de libre comercio», pero curiosamente los gobiernos tomaron otro camino, más ambicioso, de una integración tanto comercial como política. Su propuesta recordaba al Mercado Común Europeo, pero sin comprometerse en un sistema normativo supra-nacional que limitara su soberanía en extensas y caras estructuras burocráticas.
A lo largo de estos años, el Mercosur logró promover el comercio intra-regional; el porcentaje de transacciones entre los socios llegó a alcanzar el 25% en 1998. Se ha aprobado un impresionante número de resoluciones, declaraciones y acuerdos complementarios.
En diversas casos se logró una importante coordinación negociadora de los socios frente a otros bloques. En muchas reuniones de negociación, el nombre «Mercosur» cobró un importante componente simbólico, aumentando la capacidad de negociación del bloque y su peso político. Se logró así, por ejemplo en el Area de Libre Comercio de las Américas, un contrabalance con las posturas de los EE UU. Precisamente sobre este «valor agregado» político», se sumaron recientemente Chile y Bolivia como miembros asociados. En el mismo campo se deben subrayar acuerdos como la condicionalidad democrática y la declaración del área como una zona de paz. A su vez, tanto la vinculación comercial como el espacio político común generó coordinaciones de grupos y cámaras empresariales.
A su vez el Mercosur ha generado y cobijado una serie de acercamientos paralelos, en áreas que no son estrictamente comerciales. Son un ejemplo de ello, la red de Mercociudades que involucra a los alcaldes de importantes ciudades, eventos culturales regionales en teatro, y redes de organizaciones sociales.
El acceso a la información ha mejorado. Se instaló un sistema de seguimiento abierto esencialmente a empresarios y sindicatos a nivel del Foro Consultivo Económico Social, las organizaciones no gubernamentales pueden asistir al inicio de las reuniones negociadoras, y se puede disponer de la versión impresa y electrónica de documentos.
Las sombras permanecen
Sin embargo, también es preciso advertir varios problemas del Mercosur. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, el perfil exportador de los socios se ha mantenido peligrosamente recostado en bienes primarios (en el orden del 60% de las exportaciones uruguayas, a más del 80% en Paraguay, Chile y Bolivia). El acuerdo no ha logrado revertir ese énfasis dado en la extracción de recursos naturales, y por lo tanto de elevado impacto ambiental. En especial Chile, que es mirado con cierta envidia como ejemplo de éxito económico a seguir, basa sus exportaciones en recursos naturales con poca o ninguna modificación, asemejándose a las economías coloniales de siglos atrás. El Mercosur no ha logrado cambiar ese patrón exportador, ni desacelerarlo. Tampoco ha logrado establecer mecanismos de coordinación o políticas comunes que limiten la presión sobre el ambiente, ni mitiguen sus impactos ambientales. Por esta razón, en las actuales circunstancias, el Mercosur es incompatible con el desarrollo sustentable.
Por el contrario, la falta de componentes sociales y ambientales, hace que en algunos rubros, como el agropecuario, se viva una creciente competencia por exportar más o menos lo mismo hacia terceros destinos. El resultado de esto es promover tanto la baja en los precios como una expansión de las áreas bajo cultivo para aumentar los volúmenes vendidos. Paralelamente, esas condiciones económicas hacen que los productores rurales reduzcan sus márgenes de ganancia, y así se ha llegado a la situación actual de crisis agropecuaria en todos los países.
El Mercosur también carga con la vergüenza de no haber logrado aprobar su Protocolo de Medio Ambiente. Ese acuerdo establecería un marco mínimo, compartido por todos los países, para abordar los temas ambientales. A pesar de su innegable importancia, y tras repetidas aprobaciones en los grupos negociadores, el protocolo terminaba siendo vetado por Argentina, en especial respondiendo a presiones empresariales temerosas que la implantación de estándares ambientales más altos afectara su competitividad, particularmente ante Brasil. Un poco más de suerte tuvieron los temas de los consumidores, pero apenas a nivel de una declaración presidencial. Nuevamente las disparidades normativas, y en especial por una florida legislación brasileña sobre el consumo, hicieron que los otros países no acordaran un protocolo. Esta clase de ejemplo muestra que los intereses comerciales priman, aún a costa de mejoras en la calidad, y toda vez que exista un conflicto de intereses, será zanjado a favor de las empresas.
Tampoco se han logrado avances en el establecimiento de mecanismos para fiscalizar y controlar los procedimientos de calidad ambiental y sanitaria. Precisamente la crisis de la aftosa en Argentina ha dejado esto en claro, ya que las sospechas de Brasil y Uruguay de la existencia de focos en el vecino país terminaron siendo verdaderas a pesar de las negativas que durante más de un año se daban desde Buenos Aires. Ha quedado en evidencia que son necesarios sistemas de monitoreo de la calidad que puedan ser fiscalizados, tanto por los Estados como por particulares, así como instancias más claras para dirimir y arbitrar las controversias.
Muchos de estos problemas se deben a la ausencia de estrategias comunes de desarrollo. Consecuentemente, no existen estrategias sobre el manejo de recursos compartidos o de ecosistemas fronterizos. Por ello, Uruguay sigue sufriendo las consecuencias de la lluvia ácida originada en Brasil, o el uso inadecuado de los tributarios del Río Cuareim.
Existen marcadas dificultades para revertir estas dificultades, en especial por el fuerte sesgo «ejecutivo» del Mercosur, y la debilidad de los mecanismos plurales democráticos. Todo el mercado regional descansa en los poderes ejecutivos, y en especial los ministerios de economía y las cancillerías; siempre que existen problemas, terminan derivando directamente en los presidentes. Por el contrario, el papel de los poderes legislativos es apenas asesor, y la Comisión Parlamentaria Conjunta todavía dista mucho de constituirse en un congreso regional. Todas estas limitaciones condicionan seriamente el profundizamiento democrático del acuerdo.
El futuro político
Esta primera década finaliza con un creciente debate sobre el camino que debe seguir Uruguay ante la integración regional. El actual gobierno de Jorge Batlle aparece más crítico del Mercosur, más distante de los vínculos con Europa, y lanzando muestras de simpatía hacia el Area de Libre Comercio de las Américas. El Mercosur por cierto, adolece de muchos problemas, pero encierra una potencialidad de acuerdo político, que justamente permite mejores capacidades de negociación a países más pequeños como Uruguay. Ese componente político es a su vez indispensable para construir una política ambiental, ya que sin política difícilmente tendremos una política en temas ecológicos.
Un acuerdo de libre comercio, desde su propio punto de partida reduce a un mínimo ese componente político, y por lo tanto se desvanecen las capacidades de generar una vigorosa política en desarrollo sostenible, que atienda las demandas sociales y ambientales. Por esa razón, antes que dejar paralizar al Mercosur, la tarea es reconstruirlo, pero desde una perspectiva distinta de compromiso con la gente y sus ambientes
E. Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina). Publicado en el diario La República, Montevideo, 2001.