Cumbre de Monterrey: avances y desafíos de la sociedad civil

Propuestas presentadas a los ministros de relaciones exteriores de las Américas por 55 organizaciones ciudadanas asistiendo a la Cumbre de Monterrey.

Crecimiento económico con equidad

Políticas macroeconómicas. Debe revisarse la política de subsidios en cada país a fin de asegurar por una parte la sustentabilidad y competencia leal del sector agropecuario y por otra el acceso de las personas más desprotegidas, a bienes y servicios que les permitan el ejercicio de sus derechos humanos.

Debe incorporarse dentro de las normas de libre comercio, la tendencia a lograr en los países, proporcionalidad entre el ingreso de las personas y el costo de los bienes y servicios.

Al promover y fomentar la inversión extranjera, los Estados deben asegurarse que las empresas respeten los derechos humanos laborales reconocidos nacional e internacionalmente, la protección del ambiente y la contribución fiscal en igualdad de condiciones respecto del sector productivo nacional.

Crecimiento con calidad. La comunidad democrática debe proteger y fortalecer los derechos laborales incluyendo los mencionados en la Declaración de 1998 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los Derechos fundamentales de los trabajadores.

Política migratoria. Las políticas macroeconómicas implementadas en los países de la región, han generado desempleo y desatención al sector agropecuario, provocando a su vez migraciones en busca de fuentes de subsistencia enfrentando desprotección y violación de derechos. Los Estados deben asegurar a las personas y familias migrantes, respeto a sus derechos humanos en igualdad de condiciones que los nacionales, sin discriminación alguna.

Tierra y recursos naturales. La propiedad de la tierra y los recursos naturales no es una mercancía sino un derecho que es fuente de vida de los pueblos. Por ello, los Estados deben garantizar, especialmente a los pueblos indígenas, la protección y respeto de los derechos colectivos sobre dichos bienes.

Desarrollo Social

La superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social son grandes retos que enfrentan muchos países del hemisferio. Estamos convencidos que las políticas económicas y sociales coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el combate contra la desigualdad de oportunidades y contra la marginación; y que ambas son esenciales para edificar una sociedad más justa.

Reconocemos la urgencia de que se fortalezca en la OEA los mecanismos de la lucha contra la pobreza. Para ello es esencial la observancia, respeto y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca) y consecuentemente proponemos lo siguiente:

Participación social. Institucionalizar la participación de la sociedad civil en las políticas sociales, tanto en su diseño como en su priorización, ejecución y evaluación.

Instamos a los Estados a que mediante un proceso de negociación, declaren el reconocimiento del derecho de la sociedad civil en la participación en procesos de toma de decisiones plasmado en un instrumento hemisférico que contemple los principios y estándares mínimos a ser respetados con respecto a la participación y que los países en su jurisdicción doméstica los cumplan en sus leyes nacionales.

El Estado debe garantizar progresivamente los derechos humanos y el acceso a los servicios públicos básicos. Esta garantía debe tener primacía frente a los acuerdos comerciales internacionales. Se debe garantizar el acceso a la salud, educación, trabajo, el agua potable entre otros derechos. Si los servicios públicos se tercerizan mediante el sector privado, el Estado debe seguir siendo garante de los mismos. Se debe respetar el principio de no regresividad.

Apoyamos a los Estados en el reconocimiento de la importancia de la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Educación. Incrementar el porcentaje del PIB nacional para educación. La política educativa debe: a) Respetar las formas propias que los Pueblos Indígenas poseen en materia de educación. b) Asegurar la participación de los Pueblos Indígenas en el diseño y contenido de los programas de educación. c) Garantizar el acceso de los Pueblos Indígenas a todos los niveles de educación que ofrece el Estado.

Asumir el desarrollo basado en conocimiento como marco para el desarrollo integral de la región que permite conjugar las dimensiones social, económica, política, ambiental y cultural, que rescata a la persona humana y a su entorno natural como referencia.

La educación en materia ambiental debe ser formal en todos los niveles escolares.

Relacionar modelos de educación por niveles educativos considerando los atributos, sustentabilidad, globalidad y regionalización y su relación con los sectores productivos de cada país.

Salud. Se requiere garantizar el acceso a la salud y a la seguridad social que  son centrales para el logro de un nivel de vida apropiado para toda la población. En particular, considerando que la epidemia del VIH/SIDA es una amenaza mayor contra nuestras poblaciones, recomendamos que se destinen fondos suficientes para garantizar la prevención, educación, acceso a cuidados y tratamientos así como la investigación. El derecho al tratamiento de esta enfermedad no se debe ver obstaculizada por cuestiones de propiedad intelectual.

Pueblos indígenas. Reconocer y respetar los derechos colectivos fundamentales de los Pueblos Indígenas como Pueblos, particularmente el derecho a la libre determinación, conforme a instrumentos del derecho internacional basado en la Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT. Estos derechos son inalienables, e incluyen, inter alia:

El derecho colectivo a las tierras y territorios, incluyendo el derecho al sub-suelo y a los recursos naturales; Libre determinación y autonomía y reconocimiento de las autoridades tradicionales: Respeto y protección de los sitios sagrados, culturales y ceremoniales; Protección de su patrimonio y de los derechos de propiedad intelectual y cultural; Respeto a las leyes y tradiciones orales.

Gobernabilidad Democrática

La democracia está en primer término en manos de la ciudadanía. Tanto la sociedad civil organizada como los gobiernos compartimos la responsabilidad de construir conjuntamente las condiciones para lograr una verdadera gobernabilidad democrática basada en el respeto a los Derechos Humanos. En ese sentido, hacemos las siguientes propuestas:

Democracia. Que los Estados hagan efectivos los principios y valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana y en la carta de la OEA.

Enfatizamos la importancia de la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, la consolidación de los sistemas electorales y la necesidad de avanzar en una reforma política del Estado que se base en el fortalecimiento de las instituciones públicas y democráticas.

Es esencial garantizar la libertad de expresión y al acceso oportuno a la información pública a nivel nacional y hemisférico, y para ello proponemos la realización de una reunión de expertos para avanzar en este tema en lo relativo a los marcos normativos.

Derechos Humanos. La gobernabilidad democrática implica el fortalecimiento del Sistema Interamericano de promoción y protección de los derechos humanos como garante de los mismos a través del cumplimiento de las decisiones de la Corte y de la Comisión, la universalización del sistema, la adecuación de las legislaciones internas para la garantía de los derechos humanos y de que el sistema cuente con un presupuesto adecuado para su funcionamiento.

Es imprescindible para la consolidación de la democracia combatir la impunidad no solo de los funcionarios corruptos sino sobretodo la de los perpetradores de violaciones graves y/o sistemáticas a los Derechos Humanos.

Por último, consideramos fundamental que cualquier acción de seguridad interna o de combate al terrorismo esté sustentada en la garantía plena de los Derechos Humanos.

Participación en los Procesos Regionales y de Cumbres

Como organizaciones de la sociedad civil nos preocupa el bajo nivel de implementación de las Cumbres, lo cual se refleja en el deterioro económico y social que presenta la Región.

Considerando el compromiso que tenemos en el proceso de Cumbres, nos preocupa el no haber tenido acceso a los borradores y discusiones preparatorias de México. Proponemos: 1.- Institucionalizar un espacio de diálogo entre Cancilleres y las OSCs en la agenda oficial de las Cumbres. 2.- Implementar la recientemente aprobada Estrategia para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, institucionalizando un mecanismo permanente que asegure acceso a la información en forma oportuna y pertinente, transparencia en los procesos de toma de decisiones y una participación amplia y plural de la sociedad civil. 3.- En el corto plazo presentaremos una propuesta de participación de las organizaciones de la sociedad civil para la próxima Cumbre al Gobierno Argentino a través de la Secretaría de la Red Interamericana para la Democracia con sede en Buenos Aires, Argentina.