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GLOBAL

 

EL DEFICIT DEMOCRATICO DE LA OMC Y LAS RESPONSABILIDADES DEL SUR

  

Eduardo Gudynas

 

En pocos días comienza una nueva reunión de ministros de comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y frente a ella una y otra vez me viene a la memoria la advertencia que Unamuno lanzaba a los franquistas: “Venceréis porque tenéis la fuerza bruta ... pero no convenceréis ...”. Ese es el caso a pocos días de comenzar ese encuentro en el balneario de Cancún (México): la OMC es una estructura que cuenta con la fuerza bruta del comercio mundial, cuyas reglas se han convertido en el nuevo manto que condiciona la marcha de todos nuestros países.

Las responsabilidades de este estado de cosas radican tanto en el propio seno de la OMC como en los gobiernos que la constituyen. Este hecho es de la mayor importancia, y debe tenerse muy presente al iniciarse el encuentro de Cancún.

El déficit democrático en la OMC

En estos momentos, uno de los aspectos centrales del debate sobre la reunión de la OMC apunta a denunciar los mecanismos jerárquicos y excluyentes en el proceso de toma de decisiones de esa organización. En la práctica la OMC funciona como una institución antidemocrática donde la enorme mayoría de los países en desarrollo son marginados en el proceso de elaborar propuestas, arrinconándolos a la hora de las votaciones finales para aceptar los acuerdos tomados por las naciones industrializadas con un grupo de gobiernos del Sur.

Ante estas críticas la OMC se defiende sosteniendo que en realidad es una de las instituciones más democráticas a nivel global: cada país es un voto. Ese hecho la diferencia de otros organismos, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, donde el poder de votación es proporcional a los fondos en juego. La OMC además insiste en que las decisiones necesariamente se deben tomar por consenso, y basta que un único país eleve un voto negativo para que se detenga todo un acuerdo.

Muchas ONGs y organizaciones sociales insisten en la primera crítica –el déficit democrático- y ese argumento aparece una y otra vez en decenas de informes que se están distribuyendo en estos días frente a la reunión de los ministros de comercio en Cancún. Existe muchas evidencias que dejan en claro que esa denuncia es cierta. Uno de los casos más conocidos es el uso de la llamada “Sala Verde”. En esas salas se dan cita los representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y los demás países industrializados, y según los temas invitan a algunos países del sur que consideran claves para lograr el apoyo a sus ideas, excluyendo a todos los demás. Las reportes indican que esos encuentro se hacen a puertas cerradas, y cuando otros representantes gubernamentales intentan ingresar a la “Sala Verde” son detenidos por guardias de seguridad. El mecanismo, que no está contemplado en los reglamentos de la OMC es criticado una y otra vez, se ha repetido en anteriores reuniones ministeriales, como en Seattle o en Doha.

Otras maniobras son más tristes: reuniones en diferentes temas de negociación que se citan a un mismo horario, lo que lleva a que los países más pobres que poseen delegaciones muy reducidas no puedan concurrir a todas ellas, el tardío envió de documentos claves impidiendo un análisis real o consulta con las cpaiptales, “olvidos” en invitar a los representantes gubernamentales a encuentros de negociación, reabrir negociaciones cuando las sesiones ya se habían cerrado y muchos ministros ya volaban de regreso a sus países, etc.

Y por supuesto las presiones directas: las naciones ricas ejercen fuertes influencias para evitar que un país (un voto) pueda detener todo un acuerdo comercial global. Justamente en estos días, veinte países del Sur se unieron un agrupamiento informal (llamado el G-20) para reclamar la liberalización del comercio agrícola. El esfuerzo, que es liderado por naciones como Brasil, India y China,  ya está recibiendo las presiones desde las naciones industrializadas. Desde hace pocos días los representantes comerciales de Bruselas y Washington vienen emitiendo el mismo mensaje: si esos países piden demasiado, volverán de Cancún sin nada.

Si bien la OMC ha intentado presentarse como un espacio igualitario en la toma de decisiones, pero el propio sujeto de sus debates, el comercio, es profundamente asimétrico. Las relaciones comerciales globales sustantivas se dan entre las naciones industrializadas, y los países del sur comparten en su mayoría porcentajes muy pequeños del comercio global. Pero para esas naciones, sus exportaciones son una de sus fuentes principales de vida. El caso Latinoamericano es ilustrativo: la región representa menos del 3% del comercio global, pero en promedio las exportaciones trepan al 20% del PBI nacional, indicando una altísima incidencia dentro de las economías domésticas. Los vaivenes en las exportaciones de productos como el estaño, el café o los quesos, pueden significar cambios drásticos en las economías de varias naciones, arrastrando con sus efectos sobre el empleo a muchas personas.

En el seno de la OMC terminan reproduciéndose relaciones de poder que son asimétricas, y que invocando un trato igualitario, legitiman un orden que es desigual. La maraña de reglas y normas tanto dentro de la OMC como en los acuerdos comerciales están sirviendo al mismo propósito. Incluso las reglas comerciales son asimétricas; mientras los países industrializados reclaman liberal el comercio global y abrir los mercados, e instalan mecanismos de demandas y sanciones en el seno de la OMC, a la vez imponen una “cláusula de paz” que impide que las naciones del sur eleven esos reclamos en el comercio agrícola. Es evidente que esta situación se debe tanto a las posiciones de las naciones industrializadas como a la propia estructura interna de la OMC; una y otra se potencian mutuamente generando y tolerando mecanismos como la “Sala Verde”. Pero también debemos admitir que aquí existen responsabilidades en nuestros propios gobiernos del sur.

Política y comercio en el Sur

Diversos factores explican las debilidades de los países del sur en los acuerdos multilaterales de comercio. Esas cuestiones deben tenerse muy presentes ya que la reforma de las reglas globales de comercio no sólo involucran profundos cambios en el seno de la OMC, sino también otros cambios en las posiciones y actitudes de los gobiernos de los países en desarrollo. Por cierto que la OMC dispone de la “fuerza bruta”, pero esa cualidad tampoco es ajena a muchos gobiernos.

Uno de los primeros problemas que se observan son las dificultades en lograr alianzas estables y coordinadas. En el caso del recientemente creado G-20 mencionado arriba, el propio canciller de Brasil, Celso Amorín, acaba de reconocer que esa coordinación es circunstancial. O como he sentido más de una vez a los negociadores chilenos, en el terreno comercial sólo existen “relaciones promiscuas”. Justamente esa falta de coordinación organizada ha debilitado a los países del Sur; la contracara es la fortaleza negociadora de la UE, la que a su vez es expresión de una estrategia coordinada entre varias naciones. Uno de los casos más tristes en este sentido es la falta de un plan de acción acordado y sostenido en el tiempo del MERCOSUR y la Comunidad Andina en el seno de la OMC. Por lo tanto, es necesario incidir en la posición de los gobiernos para que asuman con mayor responsabilidad la articulación y coordinación de reclamos comerciales conjuntos a nivel global.

Los países del sur cuestionan una y otra vez las reglas de comercio. En estos días lo han hecho varios ministros Latinoamericanos, y fuertes denuncias se han oído desde México, Buenos Aires y Brasilia. Pero más allá de esas declaraciones, no atacan con energía esos problemas en el seno de la OMC. Muchos otros gobiernos son temerosos; apenas susurran cuestionamientos, y observan en silencio como se desenvuelve la disputa para buscar ventajas de último momento. Por lo tanto, también es necesario un cambio de actitud: nuestros gobiernos deben jugar papeles protagónicos en los debates comerciales, deben hacer públicas sus demandas, deben repetirlas una y otra vez. En lugar de sentir miedo de las ONGs deberían aliarse con ellas en el reclamo de las reglas de comercio global.

En tercer lugar, el debate comercial deja al desnudo la debilidad o ausencia de políticas nacionales en desarrollo y sus estrategias comerciales correspondientes. Muchos de los problemas ante la OMC se debe a que varios gobiernos no tienen claras sus demandas; apenas logran reclamos generales como el desmontar los subsidios a las exportaciones. Por lo tanto, la sociedad civil debe exigir una vez más la elaboración de claras estrategias de desarrollo, y es justamente desde esas plataformas que se derivan las prioridades comerciales. No pueden considerarse los temas de comercio internacional desarticulados de una estrategia de desarrollo nacional; unos dependen de otros.

Hechos como estos dejan en claro que no se puede cuestionar a la OMC olvidando la responsabilidad de los gobiernos y los contextos políticos nacionales. Las desigualdades alrededor del comercio global no se resuelven únicamente con protestas y presiones en las oficinas de la OMC en Ginebra o en el centro de convenciones de Cancún, sino que también requieren trabajos persistentes en los despachos de los ministros en cada uno de nuestros países, en los parlamentos nacionales, y especialmente, en las calles, lugares de trabajo, asociaciones ciudadanas y demás espacios donde se manifiesta la sociedad civil. En esas tareas la fuerza bruta que denunciaba Unamuno es inútil; en esos ámbitos se necesita de la razón y de los argumentos para persuadir. Precisamente en estos momentos, las organizaciones ciudadanas cuentan con esa capacidad y los eventos alrededor de Cancún puede servir para potenciar esos esfuerzos en toda América Latina. 

E. Gudynas es investigador en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad – América Latina). 
Uruguay, setiembre 2003

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