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 AMERICA LATINA
 

LAS DIFICULTADES DE LA INTEGRACION

 

 

Juan Francisco Rojas Penso

 

 

Contrario a la tendencia que había asomado en la región, desde fines del año pasado el ambiente favorable a la integración ha venido enrareciéndose progresivamente. De súbito, se hizo presente un conjunto de conflictos bilaterales que vienen entorpeciendo el acelerado proceso negociador que se había desplegado a lo largo del último bienio, a tal punto que lo único rescatable en este campo tan solo se encuentra en los ámbitos de PETROCARIBE y el ALBA, en tanto que cada día se hacen mas que evidentes las dificultades que enfrentan tanto los esquemas formales de integración como aquellos que se encuentran en proceso de formulación.

 

Durante los años 2006 y 2007, la región había sido testigo del para entonces aislado conflicto planteado por Argentina a Uruguay como consecuencia del establecimiento de una planta para la producción de pasta de celulosa en las márgenes del Río Uruguay que, aparentemente, causaría desequilibrios ambientales en esa cuenca fluvial de uso y administración compartida. Esta controversia que en última instancia recaló en la Corte Internacional de La Haya -tal como se preveía en el Tratado correspondiente-, además de alterar la convivencia entre las poblaciones fronterizas, incorporó un obstáculo adicional al MERCOSUR cuando se quiebra, en forma transitoria aunque recurrente, el principio de la libre circulación entre los Estados-Parte. El problema nacido al cobijo de la conservación ambiental, a la larga puso al descubierto dos elementos que parecen explicar su origen: por una parte, uno relacionado con la actividad política interna en Argentina que presuntamente quedó resuelto en las elecciones celebradas en octubre pasado; y, por la otra, la radicación de cuantiosas inversiones en territorio uruguayo que entrarían en franca competencia con empresas similares localizadas en el argentino.

 

Luego de un lapso de relativa estabilidad -y hasta de crecimiento- en las relaciones colombo-venezolanas, la abrupta e injustificada decisión adoptada por el Presidente Uribe de descalificar la actuación del Presidente Chávez en la búsqueda de un acuerdo humanitario para la liberación de prisioneros por las partes involucradas en la guerra que se desarrolla en Colombia desde hace casi medio siglo, surgió un enfriamiento que ha adquirido ribetes insospechados. Más allá de los aspectos formales que han caracterizado al enfrentamiento entre los dos gobiernos, se ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos, la poca disposición del colombiano de enfrentar adecuadamente el conflicto interno y la extrema dependencia que existe entre su política exterior y los Estados Unidos de Norteamérica que, obviamente, opera como factor limitante de la integración regional.

 

Adicionalmente, el Gobierno de Colombia enfrenta en la actualidad dos controversias en la Corte Internacional. Una con Ecuador, como consecuencia de las arbitrarias fumigaciones que llevó a cabo en la frontera común afectando la salud y la economía de poblaciones indígenas asentadas en la zona; y, la segunda, con Nicaragua sobre la delimitación marítima en el paralelo 82 que, en la práctica, debe entenderse como la disponibilidad de aguas para el desarrollo de la actividad pesquera. Además de estos conflictos, aún están latentes dos con Venezuela: la delimitación de las aguas marinas y submarinas en el Golfo, y el de las cuencas hidrográficas compartidas que todavía se circunscriben al ámbito intergubernamental.

 

El 15 de enero pasado, Perú introdujo en esa misma Corte una demanda en contra de Chile por la delimitación marítima, tema que, de una u otra manera, involucra a Bolivia y, en especial, a Ecuador que actuara como garante de los acuerdos suscritos sobre la materia. Asimismo, y luego de los acuerdos de paz de Ecuador y Perú sobre los límites en la Cordillera del Cóndor que aparentemente habrían disuadido cualquier hipótesis de conflicto bilateral, en fecha reciente, la Cancillería peruana ha insinuado dudas acerca de la validez del Tratado suscrito entre los dos países en 1954 sobre la delimitación marítima también. Aduce el Gobierno de Perú que si bien se determinaron los límites, en ningún momento se procedió a la demarcación correspondiente, lo cual invalidaría el acuerdo alcanzado hace 53 años.

 

El cuadro de problemas bilaterales se reforzó con la presunta incursión de fuerzas venezolanas en la frontera con Guyana que reavivó, nuevamente, el conflicto latente y de vieja data entre los dos países por la zona en reclamación en las riberas del Río Esequibo.

 

En paralelo al desarrollo de estos acontecimientos, y sin que necesariamente estén interconectados, la región es testigo del progresivo incremento del gasto militar que es encabezado por las adquisiciones colombianas apuntaladas por el desarrollo del Plan Patriota (antes Colombia). Continúan en la lista los gastos efectuados por Chile y Venezuela, así como los anunciados por el Gobierno de Brasil. Sin embargo, las autoridades de estos tres países han señalado que este tipo de gasto tiene como propósito la renovación de la dotación de sus respectivas fuerzas armadas y no el de desplegar una carrera armamentista como erróneamente se ha querido caracterizar.

 

Los esquemas formales de integración y cooperación no han sido ajenos a este enrarecido contexto en que se desenvuelve la región. La CAN, el MERCOSUR, la ALADI y el SELA enfrentan problemas de diversa índole que involucran desde indefiniciones institucionales incluyendo las de membrecía hasta los de desfase temático frente a las expectativas de los países que los sustentan, en tanto que todavía no se alcanzan acuerdos en torno a los tratados constitutivos de UNASUR y del Banco del Sur.

 

Estas dificultades en el plano político podrían agravarse como consecuencia de una eventual profundización de la recesión de la economía estadounidense que, sin lugar a dudas, repercutirá sobre el sistema económico internacional y, en especial, sobre la economía regional debido a los estrechos vínculos que sostienen los países latinoamericanos y caribeños con los Estados Unidos.

 

Como todo proceso histórico, la integración oscila entre expansiones y contracciones que generan crisis las cuales, a su vez, abonan el camino para su superación hasta que emerge una nueva situación crítica y, así, en relaciones ascendentes. Es innegable que la integración regional atraviesa por un ciclo de contracción y de su crisis surgirá, otra vez, su solución. El problema fundamental radica en identificar, con la mayor precisión posible, el origen de las dificultades que se enfrentan y, a partir de ese diagnóstico, introducir oportunamente los correctivos requeridos.

 

Llama poderosamente la atención que el núcleo del conjunto de conflictos bilaterales radique en los dos países que en fecha mas reciente suscribieron tratados de libre comercio con los Estados Unidos –Colombia y Perú- y que esos conflictos, precisamente, se presentan con los dos países que asumieron las posiciones mas beligerantes en contra de la negociación de ese tipo de acuerdo, Ecuador y Venezuela. No caben dudas acerca las diferencias de enfoque que separan a ambos pares de países, tanto en sus políticas de desarrollo como de inserción en el sistema mundial, las cuales se han proyectado a la mayoría de los ámbitos de sus respectivos relacionamientos bilaterales.

 

No sería realista proponer correctivos orientados a conciliar esos enfoques divergentes, así como tampoco resultaría adecuado intentar diluirlos en un temario de innumerables materias como se hizo reiteradamente en el pasado. Todo parece indicar que en momentos cuando podrían avizorarse crisis políticas y económicas que acarrearían consecuencias impredecibles, solamente con la acción de un liderazgo capaz de identificar problemas comunes que exijan de la acción conjunta para su superación, sería posible reconstruir el entramado de relaciones que conceden sostenibilidad a todo proceso de integración.

 

En ese camino, no sería descabellado pensar, como ya ha trascendido, en la conveniencia de convocar a una reunión de Presidentes y Jefes de Estado de los países latinoamericanos y caribeños, cuyo impacto político, por lo demás, sería emblemático desde el punto de vista multilateral y de indudable significación para la distensión de la conflictividad bilateral. Parece que algún gobierno ya haya evaluado esa alternativa y quizás haya comenzado a transitar el sendero en ese sentido. Quien o quienes acometan esta tarea, ojalá la concreten a la brevedad. Los vientos soplan en contra y la unidad latinoamericana-caribeña no puede seguir postergada por un siglo más.

 

 

Publicado originalmente en Integración y Comercio, el 18 de febrero de 2008, y reproducido en nuestro sitio con fines informativos y educativos.

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